La Justicia de Vigo había dispuesto en mayo el sobreseimiento provisional y archivo de la causa iniciada por el empresario español. Tres meses después, Cardama respondió por escrito al Parlamento uruguayo que la denuncia contra EuroCommerce continuaba su curso. El Poder Ejecutivo solicitó verificar formalmente la situación judicial en España.
La situación judicial del empresario Mario Cardama en España sumó un nuevo elemento al debate en torno al frustrado contrato para la construcción de dos patrulleras oceánicas para Uruguay.
La denuncia penal presentada por Cardama en Vigo contra personas y empresas vinculadas a EuroCommerce Bank había sido archivada el 21 de mayo de 2026. Sin embargo, el 20 de agosto, al responder por escrito a la comisión investigadora del Parlamento uruguayo, el empresario sostuvo que el expediente continuaba tramitándose.
Según informó Búsqueda, la sección de instrucción correspondiente del Tribunal de Instancia de Vigo resolvió el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones debido a la existencia de una investigación penal abierta en Uruguay sobre los mismos hechos. Desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia también se indicó al medio que esa resolución no fue recurrida posteriormente por Cardama.
La respuesta enviada al Parlamento
Cardama fue consultado por la comisión investigadora parlamentaria acerca del estado de la denuncia que había presentado en España contra EuroCommerce por la garantía utilizada en el contrato con el Estado uruguayo.
En su contestación del 20 de agosto, señaló que la denuncia seguía su curso en los juzgados de Vigo y explicó que la existencia de una investigación paralela en Uruguay había generado dificultades procesales.
Para ese momento habían transcurrido aproximadamente tres meses desde la resolución del tribunal español que dispuso el archivo provisional.
El expediente ya había atravesado previamente otra instancia judicial. A comienzos de 2026 la denuncia había sido archivada por la existencia de la investigación uruguaya. Cardama recurrió esa primera resolución, pero el tribunal que posteriormente analizó el caso volvió a disponer su archivo en mayo.
El gobierno pidió verificar la situación
Tras conocerse la resolución española, el Poder Ejecutivo uruguayo solicitó al estudio jurídico Uría Menéndez —que representa al Estado en asuntos relacionados con el conflicto con Cardama— que comprobara formalmente el estado del expediente judicial.
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, declaró a Búsqueda que, en caso de confirmarse que la causa ya estaba archivada cuando Cardama contestó al Parlamento, el gobierno evaluaría los pasos a seguir. Díaz sostuvo además que, bajo esa hipótesis, el empresario habría proporcionado información falsa al Legislativo.
El origen del conflicto
El episodio forma parte de la controversia por la garantía de cumplimiento presentada en el contrato firmado para la construcción de dos patrulleras oceánicas destinadas a la Armada Nacional.
EuroCommerce había emitido un aval por 4,1 millones de euros, utilizado por el astillero para avanzar con un contrato de aproximadamente 82 millones de euros con el Estado uruguayo. Posteriormente, el gobierno detectó irregularidades en torno a la supuesta entidad financiera y presentó una denuncia penal en Uruguay el 24 de octubre de 2025.
Cardama, por su parte, ha sostenido que también fue víctima del presunto engaño vinculado a EuroCommerce.
En diciembre de 2025 presentó una denuncia en España en la que señaló a diferentes intermediarios relacionados con la obtención del aval. Entre las empresas mencionadas aparecieron Forum Europe, Star Alliance Consulting y Gestión Spartax Trading, además de varias personas que, según la presentación judicial del astillero, podrían haber participado en la operación.
La denuncia española describía además distintos pagos vinculados a la gestión de la garantía. De acuerdo con la documentación citada por Búsqueda, Cardama declaró haber abonado 30.000 euros más IVA a Forum Europe, 123.405 euros a EuroCommerce por la emisión del aval y otros 36.000 euros más IVA a Star Alliance Consulting por gestiones relacionadas con su renovación.
Investigación en Uruguay
La causa que continúa abierta en Uruguay busca determinar las responsabilidades vinculadas a la garantía presentada ante el Estado.
El gobierno amplió en distintas oportunidades su denuncia original y la investigación quedó a cargo del fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, quien comenzó a recibir declaraciones de testigos.
Paralelamente, Cardama inició un proceso de arbitraje internacional luego de que el gobierno de Yamandú Orsi resolviera rescindir el contrato para la construcción de las patrulleras.
La denuncia presentada por el empresario en Vigo también fue incorporada entre los documentos de ese procedimiento arbitral, iniciado el 28 de abril de 2026, pocas semanas antes de que la Justicia española resolviera archivar provisionalmente la causa penal.
El nuevo dato sobre las fechas de las resoluciones judiciales coloca ahora el foco en la información que Cardama proporcionó al Parlamento y en las eventuales actuaciones que pueda adoptar el gobierno uruguayo una vez que sus representantes legales confirmen formalmente el estado del expediente español.
